[i]"LA PATRIA NO SE HACE TRABAJANDO
SE HACE ROBANDO" 
Al estilo del crimen organizado
martes, 29 de enero de 2002
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
End.srodriguez@elnuevodia.com
ES EL mismo modus operandi:
un funcionario y un contratista confabulan para robar dinero del pueblo con el fin de aportar a su partido político (PNP - Movimiento Estadista)
, pero les gusta tanto el dinero, que optan por hacerse ricos.
Y en todos los casos de corrupción se sigue el mismo patrón y se procesan a los acusados por los mismos cargos: conspiración, soborno, extorsión, hurto, fraude, venta de influencias, lavado de dinero. Todo, al estilo del crimen organizado.
"Más que crimen organizado, es la corrupción gubernamental organizada que se ha entronizado en Puerto Rico en los últimos tiempos por la política de subcontratación y privatización", sostuvo el catedrático Leonardo Santana Rabell, quien, además, es coordinador académico de la Escuela de Administración Pública de la UPR.
De una manera u otra, los 13 casos de corrupción que han sido procesados en los últimos tiempos -desde el sonado caso del Instituto del Sida hasta el escándalo en Educación- se relacionan a la privatización o a la subcontratación de servicios por agencias del gobierno.
SIN EMBARGO, Santana Rabell señaló que la corrupción que se produce por la privatización y la subcontratación de servicios no es un problema exclusivo de Puerto Rico. En el 1999 ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones a nivel mundial comenzaron a criticar y a replantearse el modelo de gobierno neoliberal que se estableció en la década del 80.
"Ese modelo de gobierno lo que persigue es achicar los costos del gobierno mediante la privatización y que el Gobierno se convierta en un facilitador", sostuvo Santa Rabell, experto en el tema de administración pública.
Entre el 1980 y el 1990 las entidades fiscalizadoras internacionales se dieron cuenta de que ese modelo de gobierno trajo,
además de la corrupción, un aumento desmedido en la pobreza. Esto porque los gobiernos se alejaron de su función de justicia social. Algo parecido sucede en Puerto Rico donde siguen los casos de corrupción, mientras aproximadamente el 60% de los puertorriqueños vive bajo el nivel de la pobreza.
"EN PUERTO Rico la moda de la privatización y este modelo de gobierno llegó tarde. Llegó con la administración de Rosselló a principios de los '90 cuando a nivel internacional para esa época ya se estaba replanteando cómo cambiar los gobiernos", agregó. Otra de las posibles causas para el problema es que el Gobierno se llenó de funcionarios provenientes de la empresa privada, donde hay valores distintos al gobierno.
"Lo que puede ser ético en la industria privada no lo es en el Gobierno. Por ejemplo, el nepotismo es importante en una empresa familiar para que se concentre la riqueza de esa familia en el negocio, pero en el Gobierno, el nepotismo crea conflictos de interés", explicó. "Tiene que haber un balance entre un gobierno de eficiencia, que busca resultados rápidos para cumplir los compromisos de campaña y un gobierno de equidad y honradez", agregó el profesor.
La falta de ese balance ha provocado los mismos patrones de corrupción. Por eso es que han sido acusados de extorsión y soborno los implicados en los casos de Educación, la Administración de Sistemas de Retiro, la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV), el Departamento de la Vivienda, la venta del hospital de Manatí, el recogido de escombros en Toa Alta tras el paso del huracán Georges, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Instituto del Sida, y los municipios de Rincón y Vega Alta.
"SE TRATA de la corrupción personal y de una falta de valores. Se ha desvalorizado lo que es el servicio público", agregó Santana Rabell.
Por eso sostuvo que el Gobierno no sólo debe focalizar la lucha contra la corrupción en controles, sino también en la educación.
Otra opción sería la de llegar a un consenso para que se aplique a nivel local la ley federal Hatch, precisó Santana Rabell. Esta ley prohíbe la participación de los empleados del Gobierno federal en la política.
"Por ejemplo, cuando Pedro Toledo trabajaba en el FBI él iba y votaba y nadie sabía su partido, pero tan pronto llegó a ser Superintendente de la Policía, sacó su bandera. Eso no debería ser así", indicó.
Santana Rabell también sugirió que el Gobierno eleve a rango constitucional el principio de mérito en el servicio público.
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¡¡¡La Estadidad es un natimuerto que yace insepulto y apesta!!!
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