Verdad y Justicia

[Camano]

23 de enero de 2002
Ponencia de la Comisión por la Verdad y la Justicia
Por Leila Andreu


Hon. Eudaldo Báez Galib
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico

Comparecemos los coordinadores de la Comisión por la Verdad y la Justicia de Puerto Rico, una iniciativa ciudadana que busca poner fin a la impunidad de los asesinatos políticos en este país. A continuación esta servidora hará una exposición de lo que es la Comisión por la Verdad, sus propósitos y teoría, y continuarán Rosa Mari Pesquera y Raúl Álzaga con los detalles de los dos primeros casos que interesa esta pesquisa senatorial, incluyendo gestiones que se hicieron para encausar a los culpables y nuestras aproximaciones a lo que pudo haber ocurrido. Agradecemos y felicitamos al Senado por tomarse esta iniciativa de celebrar las primeras audiencias públicas legislativas para investigar una serie de crímenes de carácter político que continúan sin solución en su totalidad. El propósito de esta iniciativa ciudadana es eesclarecer por completo los asesinatos políticos cometidos por individuos apoyados o dirigidos por instituciones del gobierno, como la Policía de Puerto Rico, el FBI y el espionaje militar, incluyendo la Inteligencia Naval de Roosevelt Roads; desenmascarar todo el encubrimiento político e institucional desarrollado por décadas para proteger a los culpables y crear conciencia sobre la atrocidad de los asesinatos políticos y la necesidad de que nunca, jamás, vuelvan a ocurrir.

Para lograr esto, nos hemos dedicado a tres tareas principales: • La recopilación de información utilizando nuestros propios recursos en busca de desentrañar la verdad, incluyendo el solicitar documentos a instituciones oficiales.
• Divulgar nuestra agenda y desarrollo del trabajo en Puerto Rico y el exterior, incluyendo someter nuestros hallazgos a las autoridades competentes.
• Utilizar recursos legales de ser necesario para obtener documentos e información.

Hemos confeccionado un sitio en la red de Internet para exponer los casos y se encuentra en la dirección http://www.verdadyjusticia.org, además de contar con las direcciones electrónicas comision@verdadyjusticia.org e investiga@verdadyjusticia.org, y la dirección postal PMB 486, Ave. De Diego #89 Suite 105, San Juan, Puerto Rico 00927-6346, para recibir información de aquellos ciudadanos que quieran cooperar ya sea en la tarea de recopilación de información o proveyendo evidencia.

La creación de esta comisión se gestó en un conversatorio que convocó Juan Mari Brás en marzo del año pasado, en ocasión de conmemorarse otro aniversario de la muerte de su hijo. Como una iniciativa de familiares y amigos de las víctimas, se anunció públicamente la creación de esta Comisión el 13 de noviembre de 2001 en un esfuerzo conjunto de lo que hasta entonces había sido gestiones individuales de familiares frustrados por la inacción
de las autoridades en encausar a los culpables.

Hemos estado coordinando este trabajo Rosa Mari Pesquera, Raúl Álzaga, Carlos Muñiz Pérez, César Francisco Torres, Leila Andreu y Jorge Plard, que son familiares y amigos de los asesinados Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Enrique Soto Arriví. Colaboran en este esfuerzo con su expertise el profesor Javier Colón Morera, el investigador social Ramón Bosque Pérez, del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, Nueva York, y el Lic. Edgardo Pérez Viera, entre otros.

El consenso de las personas que apoyan esta iniciativa es que nuestra sociedad debe reconocer públicamente el carácter político de una serie asesinatos ocurridos en Puerto Rico en las décadas del 70 y 80 de manera que el país pueda tomar control de su destino de una forma informada y conciente.

Esta Comisión considera que en momentos en que se habla tanto del terrorismo mundial, en Puerto Rico ocurrieron unos asesinatos que constituyen actos de terrorismo que todavía están impunes gracias al encubrimiento protagonizado tanto por funcionarios y figuras públicas, como individuos y organizaciones privadas, puertorriqueños y extranjeros.

Varios gobiernos tuvieron en sus manos el poder y los recursos para descubrir la verdad y encausar a los culpables, pero no produjeron nada, ni siquiera remordimientos. No tienen excusa por el daño que han causado, por acción u omisión. No es posible construir un futuro social limpio sobre las bases del engaño.

El caso del Cerro Maravilla ayudó a abrirle los ojos a este pueblo sobre la terrible verdad detrás de los asesinatos políticos y su complejidad, pero quedaron muchos cabos sueltos, como cuál fue la participación de los federales y otras conocidas figuras de este país, cuánto conocían de antemano y después de los hechos, y cuántas oportunidades tuvieron de evitar lo sucedido o al menos promover que se conociera la verdad después de los hechos.

Nosotros queremos que el Senado termine lo que comenzó. Queremos saber la verdad, sea cual fuere, para así acabar con la persecución política y sus instrumentos de secuestro, tortura y asesinato.

Con agrado encontramos que la encomienda de esta comisión senatorial es cónsona con nuestro trabajo en lo que se refiere al investigar la explosión de una bomba en Mayagüez el 11 de enero de 1975, los asesinatos de Santiago Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás; de Carlos Muñiz Varela, director de Viajes Varadero; del líder obrero Juan Rafael Caballero el 13 de octubre de 1977 y de los jóvenes Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, así como el supuesto suicidio de Ángel Rodríguez Cristóbal el 11 de noviembre de 1979 en una cárcel federal de Florida después de ser convicto del delito menor de entrar sin autorización a terrenos restringidos por la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques.

Además de los casos bajo la encomienda legislativa, nosotros hemos identificado el asesinato de la estudiante Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970 por la Policía; la desaparición de Orlando Canales Azpeitía el 24 de julio de 1986, horas antes de un viaje a Cuba como parte de la Brigada Antonio Maceo; el asesinato de Luis Ángel Charbonier en la explosión de Mayagüez en la que murió el empleado del establecimiento comercial Eddie
Román Torres, y la explosión de un artefacto en la sede del Colegio de Abogados en 1980, hecho que está estrechamente vinculado a la lucha por sacar a la instalación naval de Vieques y quizá con la muerte de Rodríguez Cristóbal.

Existen otras muertes que estamos analizando, como la de Manuel Sanjurjo Cortés, y con las que aumentaría la lista a más de una docena. Una vez completemos la recopilación y confirmación de información, publicaremos la inclusión de esos casos.

Es importante que se entienda que no visualizamos estos casos como hechos individuales inconexos. Más bien son parte de un patrón que apunta a una conspiración mucho mayor que la de simples criminales y en la que el Estado tuvo un terrible papel. Más adelante hablaremos sobre nuestra teoría.

Hoy queremos compartir con el Senado lo más importante que tenemos hasta el momento en torno a las dos muertes que hemos identificado como los asesinatos políticos que comienzan esta racha que se desarrolló en la década del 70 y principios del 80, que son los casos de Mari Pesquera (24 de marzo de 1976) y Muñiz Varela (30 de abril de 1979).

La Comisión solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Civiles que abra una investigación sobre los asesinatos de Mari Pesquera (1976) y Muñiz Varela (1979), en conjunto. Además se informó a la Comisión de Derechos Humanos y Civiles del Colegio de Abogados sobre estas gestiones y se le solicitó información sobre la bomba que explotó en su sede en 1980, y le informamos sobre nuestra creación a otras comisiones de la verdad y
organizaciones de derechos humanos en Latinoamérica.

Le escribimos al fiscal federal interino Guillermo Gil Bonar solicitando que interrogue al ex senador Freddy Valentín (quien actualmente es testigo de cargo en varios casos criminales), sobre lo que sabe de las bombas que causaron las muertes de Luis Ángel Charbonier y Eddie Román Torres en 1977 en Mayagüez y en las que se ha denunciado que él participó.
Apreciamos la iniciativa de la actual secretaria de Justicia, Annabelle Rodríguez, de ordenar la reapertura de las investigaciones de los casos de Mari Pesquera y Muñiz Varela. Para esto se designó al fiscal José Virella, sin embargo, a esta fecha desconocemos de algún progreso o resultado de esa pesquisa.

Luego de analizar el conjunto de los casos, hemos llegado a la conclusión de que existen y han existido datos relevantes que justificaban sendas pesquisas criminales; que existe evidencia documental y testimonios que se pueden obtener que implican a varios sospechosos, y que estos asesinatos tienen patrones similares que confirman la existencia de escuadrones de la muerte apoyados o co-ejecutados por ciudadanos particulares, incluyendo elementos del exilio cubano de derecha.

La visión integral de este patrón amerita una acción inmediata de las autoridades, o por lo menos una pesquisa especial legislativa que asigne más recursos que lo que puede tener un solo fiscal que tiene una cargada cartera de casos.

Nuestra teoría es que en Puerto Rico operó un esquema similar al Plan Cóndor o, en el peor de los casos, de alguna forma pasó a ser parte o copiado del mismo.

Para entender mejor esto, nos referimos a los análisis que ya se han publicado sobre una considerable cantidad de documentos desclasificados de agencias de inteligencia de Estados Unidos y Suramérica que confirman lo que por años estuvieron denunciando grupos políticos y de derechos humanos como el nuestro.

El Plan u Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y en parte Perú) con el objetivo de intercambiar información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países participantes de la Operación, y colaborar para la persecución de estas
personas. En esta operación colaboró el FBI [1].

Los operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes se desplazaban libremente por la región para secuestrar, desaparecer o asesinar a sus ciudadanos, de forma sistemática y coordinada entre las distintas dictaduras durante la década de 1970, con conocimiento de los Estados Unidos.

El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral [2] dijo que fue un plan que "está fuera de toda duda" antes de procesar al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla e intentar interrogar al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.

A finales de 1975, en la llamada "Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional", se discutió la creación de un fichero continental de "subversivos", que se considera el acta de nacimiento del Cóndor y cuya existencia fue probada en una de miles de páginas de intercambio de información con el propósito de perseguir, detener y matar a personas de
cualquier nacionalidad, donde se encontraran.

Esos documentos son lo que los paraguayos llaman "los archivos del terror", y se descubrieron en una comisaría en las afueras de Asunción. Otros documentos que prueban la existencia del plan son los de la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU., uno de los cuales describe en septiembre de 1976 con lujo de detalles en qué consistía la operación y sus etapas. [3]"La tercera y más secreta fase de la Operación Cóndor involucra la formación de equipos especiales de países miembros, quienes viajarán a cualquier país del mundo, a países que no son miembros, para llevar a cabo sanciones que llegan al asesinato contra terroristas o aquellos que apoyan las organizaciones terroristas de los países miembros de la Operación Cóndor". [4] [5]

En el auto de procesamiento del Juez Garzón contra Pinochet, se refiere al Plan Cóndor y la complicidad de la DINA (agencia de inteligencia chilena) con las muertes de notorias figuras de oposición al régimen en el extranjero.

“DECIMO TERCERO: Dentro de las operaciones delictivas llevadas a cabo por la DINA en el seno del denominado ‘Plan Cóndor’, según la dinámica ya expuesta de actuación ordenada por Augusto Pinochet Ugarte a Manuel Contreras y por éste a sus subordinados, y ejecución material por medio de agentes especiales desplazados al extranjero y a veces con ayuda de los servicios de seguridad de los países incluidos en ‘Cóndor’, se producen una serie de
acciones espectaculares que persiguen, dentro del plan la eliminación selectiva marcado por la Junta de Gobierno, la de los líderes que se oponían al ‘buen orden’, instaurado por ésta. Entre ellos ocupan un lugar preponderante: el atentado contra el general y ex comandante en Jefe del Ejército de Chile y Vicepresidente de la República con Salvador Allende, Carlos Prats González; el atentado contra el ex vicepresidente de Chile Bernardo Leigthon; el atentado contra el senador Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista de Chile; y el atentado contra el ex ministro de Defensa de Chile Orlando Letelier.”

En el archivo de los servicios de seguridad de Paraguay hay también numerosos documentos relacionados a la operación iniciada por Contreras, el jefe de la DINA y conocido violador de los derechos humanos, en los que se confirmó que en el marco del "Acuerdo de Cooperación" asesinaron al ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado (de Paraguay) y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.

Así se ha concluido que existen suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala internacional.

Algo interesante a notar es que el descubrimiento de los "Archivos del Terror" (Paraguay) se logró gracias a policías descontentos con sus jefes que colaboraron con las autoridades judiciales y denunciaron cómo reinaba la corrupción en el interior de los organismos castrenses y policiales. Se darán cuenta después de ver un panorama como éste – de asesinatos de jefes de Estado, su gabinete, legisladores y líderes políticos, con el conocimiento o planificación de funcionarios de EE.UU. – y a la luz de lo que nosotros ya sabemos, entonces no nos debe extrañar que detrás de estos asesinatos políticos también había en Puerto Rico un patrón de terrorismo de estado, quizá a menor escala del Plan Cóndor, pero no obstante, proporcional en cuanto a nuestra realidad.

Este Senado tiene evidencia sobre la existencia de escuadrones de la muerte en Puerto Rico, la complicidad de empleados federales como el alguacil José A. López y su cómplice militar Alex de la Zerda, la utilización de explosivos militares y armas de origen federal para cometer diversos delitos comunes o como parte de la persecución política.

Las actuaciones ilegales de López y su cómplice de la Marina Alex de la Zerda son harta conocidas y motivaron sus arrestos en enero de 1980 por la bomba colocada al Colegio de Abogado y los implican en un plan para hacer estallar un avión de Vieques Air Link que piloteaba entonces Raúl Mari Pesquera. Parte de la prueba presentada en el tribunal federal fue la declaración jurada del agente especial Richard Stephen Hahn sobre la vigilancia del FBI a las actividades este grupo en el cual participaron cubanos exilados con los coacusados López, Roberto López González y René Fernández del Valle [6].

La misma evidencia recopilada por la Comisión de lo Jurídico en las investigaciones sobre el caso Maravilla [7] señala que el gobierno tenía un plan contra-insurgente, la ganga de policías corruptos de Alejo Maldonado se inspiraba en los modelos de escuadrones de la muerte de Brasil y Argentina y tenían entre sus miembros egresados de la infame Escuela de las Américas [8] como el coronel José Enrique Sánchez y el ex superintendente Desiderio Cartagena, y otros, además de estar relacionados a grupos clandestinos como “Los Duendes” y “Amigos de la Democracia”, con la participación de conocidas figuras y abogados del país. [9]

En los últimos años se han desclasificado o descubierto documentos de agencias de inteligencia y realizado investigaciones en varios países de América y Europa que confirman el mismo patrón de persecución política [10] y prácticas casi iguales a las utilizadas en Puerto Rico [11]. En muchos de los casos famosos de operativos y asesinatos figuran cubanos exilados como activistas y criminales [12] a sueldo, desde el famoso escalamiento de Watergate, el asesinato de Orlando Letelier en Washington e innumerables atentados, colocación de bombas y asesinatos en Miami, La Habana y San Juan [13], muchos por admisión propia, y quizá hasta el asesinato de J. F. Kennedy. Pero tienen un récord muy pobre de arrestos o juicios [14], a pesar de que los vínculos de un sector del exilio cubano con agencias de inteligencia y atentados han sido documentados en varias investigaciones y publicaciones [15].

Según los expedientes del FBI que han obtenido algunos puertorriqueños, sabemos que esa agencia confirmaba sus informaciones sobre supuestos “subversivos” que vigilaba en la década del 60 con el Destacamento 471 de Inteligencia Militar, el Servicio de Investigaciones Navales y a la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Así me consta en un memorando de la oficina del FBI en San Juan, del 18 de diciembre de 1963, de una carpeta de un familiar mío.

Esto es confirmado por las viejas investigaciones de la Comisión de Derechos Civiles, el estudio del Dr. David Helfeld para el Comité de Derechos Civiles a finales de la década del 50 y publicado en 1964 por la Revista del Colegio de Abogados, y el estudio sobre el Programa COINTELPRO en Puerto Rico que hicieron la profesora Carmen Gautier Mayoral y Teresa Blanco Stahl, que se publicó originalmente en 1979 y se reprodujo en el libro de "Las Carpetas", de Ramón Bosque Pérez y Javier Colón Morera.

En una ponencia de Bosque Pérez en un foro auspiciado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) el 9 de marzo de 2001 en el Colegio de Abogados, indicó que aunque la oficina del FBI en San Juan negaba enfáticamente a la Prensa en esos días su participación en el carpeteo y la persecución política en Puerto Rico, la realidad es que “el FBI ha estado muy vinculado a la persecución política en Estados Unidos desde sus propios
orígenes, según ha quedado documentado en los trabajos de numerosos historiadores, en informes de investigaciones del Congreso de Estados Unidos y hasta en algunas historias oficiales o semioficiales de la propia agencia federal”.

Como parte de sus orígenes a principios del siglo XX, la General Intelligence Division (GID), creada en 1919 por el Procurador General de Estados Unidos, tenía una unidad conocida como “Radical División”, para investigar "radicales" y llegó a crear 200,000 expedientes.

El director por 48 años del FBI, el notorio J. Edgar Hoover, se conoció por su recopilación de información para perseguir gente, pero para la historia más completa sobre el carpeteo federal, recomendamos como muy instructivo para la Comisión de lo Jurídico citar a Bosque Pérez, que hace tiempo lleva a cabo una extensa investigación sobre las carpetas federales y que estará en San Juan la primera semana de febrero.

De aquella ponencia suya destacamos que fue por órdenes del FBI que comienzan las “carpetas de subversivos" y así llegan los primeros agentes a Puerto Rico, para las actividades del Partido Nacionalista y su dirigente Pedro Albizu Campos.

Sabemos que uno de los propósitos del carpeteo era crear una lista de personas a ser arrestadas en cualquier situación de "emergencia". Esa lista se llamó en diferentes épocas Custodial Detention, Security Index y Administrative Index.

De la investigación antes mencionada se confirma que el carpeteo en Puerto Rico fue copiado del modelo estadounidense desarrollado principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, a raíz de la Insurrección Nacionalista de 1950, hubo arrestos en masa de más de mil personas, incluyendo simpatizantes del independentismo en general que no estaban vinculados a los sucesos, como miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, del Partido Comunista Puertorriqueño y muchas otras personas que no tenían ninguna relación. Sin embargo, sólo se radicaron cargos contra menos de 200.

El propio ex director del FBI Louis J. Freeh desmintió a la agente especial Marlene Hunter cuando a preguntas del congresista José Serrano en marzo de 2000, reconoció públicamente la participación de esa agencia en tareas de persecución política contra individuos y organizaciones puertorriqueñas. En las carpetas confeccionadas por la División de Inteligencia de la Policía abundan informes donde aparecen agentes del FBI proveyendo información o entradas de agentes para revisar expedientes y en las carpetas federales
aparecen reproducidos informes de la Policía de Puerto Rico. En algunos de esos documentos de aquí, por cierto, aparece la firma del entonces policía Jorge L. Collazo Torres.

Sabemos que en la Policía de Puerto Rico se generó una cultura de desprecio a los derechos civiles y contra sectores independentistas, a la vez que sus actividades inculcaron miedo en la ciudadanía para desalentar las expresiones de ideas divergentes o las denuncias. Esa mentalidad es difícil de erradicar. Se requiere un proceso educativo y de reeducación, tanto entre los agentes de seguridad y orden como en el pueblo. En ese sentido el pleito judicial de las carpetas y consecuente devolución de los expedientes logró
mucho en cuanto a desenmascarar la persecución oficial y sistemática, y que se conociera la verdad. Sin embargo, no es suficiente porque el daño no ha sido sólo el de confeccionar expedientes. Se ha llegado al asesinato. Por eso es importante para nuestra sociedad la creación de una Comisión de la Verdad que explore y sugiera formas concretas de reparar los daños de más de un siglo de persecución e intolerancia para así evitar que se repitan las
injusticias. Lo que nosotros hemos comenzado debería servir como un empujón para que se designen los recursos apropiados para una investigación especial, con autoridad para citar testigos y participación ciudadana, sin ánimo de venganza sino por el amor a la verdad y la justicia para poder comenzar a construir un futuro limpio.
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[1] El FBI colaboró con la Operación Cóndor. Por Ernesto Carmona. Derechos Chile. Chile Information Project.
[2] Según sus investigadores, la Operación Cóndor nació con el golpe de Estado en Chile para combatir a los opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. De ahí su nombre, porque el cóndor es el ave del escudo nacional chileno.


[3] Le estoy suministrando a la Comisión de lo Jurídico, como referencia, copia del documento disponible en Internet, así como una lista de otros documentos sobre la Operación disponibles, entre otros sitios, en la biblioteca del George Washington University.
[4] CNN en Español
http://www.cnnenespanol.com/especial...on.condor.html
[5] La Operación Cóndor: el terrorismo de estado de alcance transnacional. Esteban Cuya, investigador de Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Serie derechos humanos en América. Revista electrónica KO'AGA ROÑE'ETA.
[6] Tres cargos del gran jurado federal radicados el 31 de enero de 1980 por violaciones al Título 18, U.S.C., Secciones 371, 842(h). U.S. Attorney José A. Quiles, Brian M. Murtagh Special Attorney U.S. Dept. of Justice, Washington D.C.
[7] Informe de la segunda investigación del Senado sobre el caso Maravilla. Págs. 31-43, El Juicio de la Historia, Edgardo Pérez Viera. Editorial Cultural 2000.
[8] La Escuela de las Américas del Ejército de EE.UU. se fundó en 1946 y desde entonces ha entrenado a unos 60,000 soldados y oficiales de Latinoamérica, incluyendo entre sus graduados al general Manuel A. Noriega de Panamá; Roberto D'Aubuisson, líder de los escuadrones de la muerte de El Salvador y ex dictadores de Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Se atribuye a graduados de esta escuela el asesinato del arzobispo Oscar Romero, las masacres de El Mozote y Uraba y el asesinato de seis curas jesuitas, entre otros. A otro graduado, Vladimiro Montesinos, ex mano derecha del presidente peruano Alberto Fujimori, se le atribuye dirigir el escuadrón de la muerte del Grupo Colina, responsable de varias masacres en Perú. El nombre de la Escuela de las Américas cambió el 17 de enero de 2001 por el de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC) por una propuesta del Departamento de Defensa de EE.UU. incluida en el proyecto de
su presupuesto fiscal de 2001. La Cámara de Representantes derrotó por escaso margen una enmienda bipartidista para cerrar la institución y ordenar una investigación congresional sobre su operación. Fuente: School of Americas Watch.
[9] Resumen de las declaraciones resultantes de la prueba del polígrafo a Ernesto Gil Arzola y transcripciones de entrevistas de la oficina del Investigador Especial del Senado (1991-1992).



[10] Over decades, the CIA and the US military have created and disseminated manuals to teach the armies of many countries how to infiltrate and spy on civilian groups, forcibly extract information, subvert democracy, and target not only insurgency but also legal and peaceful labor unions, student
groups, and religious and civic organizations. The paper trail – which begins with the mysterious Project X in the 1960s and leads through the classrooms of the US Army School of the Americas in the 1980s – reveals a consistent policy in which the end justifies any means. Lisa Haugaard, Textbook Repression: US training manuals declassified, Covert Action Quarterly #61. Disponible en MediaFilter.org.



[11] The Counterintelligence manual, for example, defines as potential counterintelligence targets "local or national political party teams, or parties that have goals, beliefs or ideologies contrary or in opposition to the National Government," or "teams or hostile organizations whose objective is to create dissension or cause restlessness among the civilian population in the area of operations. This text recommends that the army create a "blacklist" of "persons whose capture and detention are of foremost importance to the armed forces." It should include not only "enemy agents" but also "subversive persons," "political leaders known or suspected as hostile toward the Armed Forces or
the political interests of the National Government," and "collaborators and sympathizers of the enemy," known or suspect. Throughout, the manuals highlight refugees and displaced persons as possible subversives to be monitored. They describe universities as breeding grounds for terrorists,
and identify priests and nuns as terrorists. They advise militaries to infiltrate youth groups, student groups, labor unions, political parties, and community organizations. Idem.
[12] “San Juan, Puerto Rico, has had 43 Cuban exile terrorist incidents since 1970. Of these, 41 were bombings and 2 were shooting murders.” Metro Dade County, Organized Crime Bureau (OCB) File on Terrorism. Handwritten note: "Summary of Dawson talks 6/18. 19/79". Cuban Information Archives
Document 0073.
[13] Chronology of Incidents, Cuban Political Violence In the United States. January 1965-March 1976. Cuban Information Archives Document 0180. 1995-2001. Cuban-exile.com.



[14] Various Cuban exile groups have engaged in violence on a regular basis in the United States with relative impunity for decades. One of them, going by the name of Omega 7 and headquartered in Union City, New Jersey, was characterized by the FBI in 1980 as “the most dangerous terrorist organization in the United States. William Blum, Killing Hope: U.S. military and CIA interventions since World War II. Common Courage Press 1995.
[15] El chairman soy yo. La “verdadera” historia de Jorge Mas Canosa. Reinaldo Taladrid y Lázaro Barredo. Ediciones Trebol. 1994. ISBN-959-7055-01-5


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[Camano]

23 de enero de 2002
Ponencia sobre el caso del asesinato
de Santiago Mari Pesquera
Por Rosa M. Mari Pesquera



Señor Presidente,
Senadores y Senadoras
miembros de la Comisión
de lo Jurídico
del Senado de Puerto Rico:
Mi nombre es Rosa Mercedes Mari Pesquera. Comparezco ante ustedes en nombre de la Comisión por la Verdad y la Justicia, así como de la familia, padres y hermanos, de Santiago Mari Pesquera.

Agradezco la oportunidad que se nos brinda, en lo que respecta al caso del asesinato de mi hermano, por primera vez en casi 26 años desde que ocurrió, de dirigirnos a un organismo de gobierno, públicamente, para hacer constar nuestra protesta por el ocultamiento que se ha hecho por parte de las autoridades de Estados Unidos y de Puerto Rico de la verdad de los hechos y los autores de este crimen y para denunciar las acciones delictivas so color de autoridad que se han dado con respecto a este crimen, a su investigación y procedimientos judiciales.

Santiago (Chagui) Mari Pesquera es el hijo mayor de Juan Mari Brás y Paquita Pesquera Cantellops. Nació el 26 de agosto de 1952 y murió asesinado el 24 de marzo de 1976.

Juan Mari Brás, abogado de profesión y a quien ustedes conocen, ha sido dirigente político desde su juventud y dedicado a la lucha por independizar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Al momento de la muerte de su hijo, en marzo de 1976, Mari Brás dirigía el Partido Socialista Puertorriqueño, un movimiento vigoroso y creciente, abiertamente revolucionario, que había logrado una fuerza e influencia en el movimiento obrero, las luchas comunales y se abría paso en las contiendas electorales del país.

Paquita Pesquera, quien era profesora universitaria, fue militante desde sus años estudiantiles y participaba de forma prominente en el mismo partido. Al momento de la muerte de su hijo se encontraba enseñado en una universidad en Nueva York, y militando en la seccional del Partido Socialista Puertorriqueño en esa ciudad.

Chagui, apodo con el que se le conocía a Santiago Mari Pesquera, era un joven que a sus 23 años de edad despuntaba como un gran talento y con grandes capacidades. Siempre fue un buen estudiante, logrando graduarse de la escuela secundaria en el año 1970 con muy buenas calificaciones. Entró a la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó con un grado de bachillerato (B.A.) en Ciencias Sociales. Tenía un espíritu emprendedor y aventurero. A los 16 años aprendió a manejar automóviles y por ahí siguió tomando licencias de equipo pesado y carga comercial lo que le permitió hacer trabajos de chófer y de construcción alternando con los estudios.

Políticamente Chagui se mantenía activo y participaba de las actividades del movimiento independentista y estudiantil. En la lucha contra el servicio militar obligatorio cuando la Guerra de Viet Nam, se negó a servir en el Ejército de los Estados Unidos por entender que no tenía por qué inscribirse en un ejército que no era el suyo, para pelear en esa guerra invasora. Se integró activamente en la huelga estudiantil de 1973. Siempre asistía a
las actividades contra la explotación minera y la devastación ecológica y a las del 23 de septiembre en Lares para celebrar el Grito de Independencia de 1868, a las que movilizaba también a sus amigos.

Después de graduarse de la universidad se trasladó a Oklahoma, de donde regresó con su licencia para comenzar la carrera de piloto comercial. Regresó en enero de 1976 y ya en febrero encontró trabajo. Llevaba varias semanas de piloto en una pequeña línea aérea de carga cuando lo asesinaron. En la mañana del 24 de marzo de 1976, Chagui salió a trabajar y por la tarde, cuando debía recogernos a mi hijo y a mi, ya que yo le había prestado mi carro, no llegó. En la mañana siguiente su cadáver fue encontrado en el interior del vehículo estacionado en la calle marginal de la carretera #1, que conduce de Río Piedras a Caguas, frente a las oficinas de General Foods.

FBI participaba de persecución y hostigamiento al independentismo

En ese momento en que el Partido Socialista Puertorriqueño estaba en crecimiento y desarrollo, se publicaba el diario Claridad, que circulaba en Puerto Rico y Estados Unidos y se celebraban multitudinarias concentraciones políticas por la independencia de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos y el FBI usaban a la Policía de Puerto Rico en diversas formas de represión, hostigamiento y persecución contra los independentistas. Como muestra les presento copia de un documento que pertenece a la Carpeta que la Policía de
Puerto Rico elaboró sobre mi persona y que obtuve cuando las carpetas fueron devueltas a los afectados. El documento es el Registro de Carpetas Solicitadas en Archivo donde se anotaban los agentes que iban a consultar las carpetas, la fecha de la consulta, la firma del agente y la agencia o división a la que pertenecía el agente. En mi carpeta más de la mitad de los agentes que la revisaron entre 1972 y 1976 eran miembros del Buró Federal de Investigaciones, FBI y así consta en el Registro. (Anejo 1)

Los independentistas vivíamos en medio de un ambiente de persecución institucional. Mi padre era una figura prominente del movimiento y él y nuestra familia fuimos objeto de múltiples amenazas y atentados. Los agentes del FBI rondaban la casa y el vecindario, preguntaban a los vecinos por nosotros y seguían a mi papá donde quiera que iba. Varias veces, después de un fin de semana en Mayagüez, llegamos y encontramos la casa desordenada, sin que faltara nada, a veces con notas intimidantes. Si el FBI siempre
estaba alrededor de mi casa, mirando y observando lo que pasaba en ella

¿quién hubiera podido entrar sin su permiso?

Una vez colocaron una bomba debajo del carro de mi madre que explotó y dejó el carro inservible. Casualmente fue mi hermano Chagui quien vio un carro que paró frente al de mi mamá, abrió la puerta, la cerró y aceleró alejándose rápidamente y al minuto explotó la bomba que levantó a Chagui de donde estaba sentado, rompió varios cristales de las ventanas de la casa y desbarató el carro. Chagui le dio a la policía la descripción exacta del
carro que vio detenerse, la hora, etc. y esa investigación nunca llevó a que se acusara a nadie.

Tuve la experiencia, hace 15 años, de un amigo de infancia que era vecino en la urbanización donde vivíamos, que vino a contarme un acontecimiento que les dejará ver cuán de cerca nos espiaba el FBI. Me contó el amigo, hijo de un matrimonio cubano refugiado en Puerto Rico luego de la Revolución, que en su casa, que colindaba con la mía, el FBI colocó un equipo sofisticado de grabación apuntando hacia mi casa. La habitación que utilizaron para eso era la de mi amigo, razón por la cual los padres lo enviaron a vivir un tiempo a
Estados Unidos con unos parientes. Esa habitación se cerró para la familia y a ella entraban tres agentes del FBI que permanecían por 8 horas, hasta que otro turno de tres agentes más los relevaban. Eso ocurrió durante un periodo de varios meses, hasta que la familia cubana decidió mudarse. Por si les interesa citarlo, mi amigo se llama Ricardo Valdés y al momento de contármelo, en 1987, trabajaba de programador de computadoras en el Municipio de Worcester en Massachussetts y me manifestó que me lo contaba porque si de algo sirviera su testimonio para esclarecer el caso de Chagui, él lo daría.

Por todos estos antecedentes y otros más que no tenemos tiempo de exponer aquí, desde el momento mismo de la muerte de Chagui, supimos que este era un asesinato político y que el FBI, que tanto nos espiaba, tenía que estar involucrado.

El 26 de marzo de 1976, dos días después del asesinato, la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico envió oficiales a estudiar exaustivamente la escena del crimen y le pidió al FBI, formalmente en una comunicación escrita, que todos los documentos, archivos e información que esa agencia le enviara al FBI sobre este caso quedaran explícitamente fuera del "Freedom of Information Act" y que cualquier agencia que recibiera la información se considerara obligada por este pedido. El dato lo obtuvimos de uno de los documentos del FBI que fue pedido a través del "Freedom of Information Act" por mi padre y refleja que toda la información específica del caso que fue intercambiada de ahí en adelante ha sido ocultada con toda premeditación y alevosía, tanto por la Policía de Puerto Rico, como por el FBI. (Anejo 2)

De hecho, un dato curioso lo es que a la hora de entregarnos las carpetas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, la carpeta de Chagui no apareció. Cabe preguntarse ¿se la habrá llevado el FBI? ¿Qué funcionario hizo desaparecer ese documento?

El encubrimiento

Lo que siguió al asesinato fue el encubrimiento del caso. Muchas movidas y manipulaciones fueron hechas por policías, autoridades del Departamento de Justicia y otras ramas del gobierno con el propósito de aparentar una coartada que ya estaba planificada a la hora del asesinato. La coartada era utilizar a un joven, vecino nuestro y enfermo mental, para aparentar que él y sólo él, había matado a Chagui. De esa forma habría un acusado que se
enjuiciaría y quedaría el caso resuelto.

El Partido Socialista Puertorriqueño inició su propia investigación rápidamente y llegó a la conclusión clara de que el acusado, Henry Coira no pudo haber actuado solo.

Por parte de la Comandancia de la policía participaron en la investigación, el entonces Coronel Héctor M. Lugo, el Superintendente de la Policía Desiderio Cartagena y el ya notorio oficial Alejo Maldonado.

A Henry Coira lo arrestaron. El agente que iba llevando la voz cantante en el arresto fue el ahora convicto Alejo Maldonado. Cuando lo arrestaron Henry Coira se contradecía constantemente, a veces decía que había matado a Chagui y a veces decía que no. El primer fiscal asignado al caso, Emilio Duprey Tacoronte, declaró años más tarde ante la Fiscal Crisanta Rodríguez que en el momento en que Henry Coira negaba que hubiera asesinado a Chagui, Alejo Maldonado trajo a un hombre que dijo ser de la CIA. Este último entró al cuarto donde estaba Henry Coira, estuvo un rato solo con él y cuando salió,
afirma Duprey Tacoronte, que Henry Coira había cambiado de actitud. Este personaje, supuesto miembro de la CIA, tiene un papel muy importante en este encubrimiento. Ese fue el encargado de manipular sicológica y mentalmente a Coira para que mantuviese en su mente esquizofrénica, como una realidad vivida, el esquema que había sido fabricado como coartada.

Henry Coira fue acusado pero no lo podían procesar porque era enfermo mental. Así consta en un certificado médico que se emitió el 8 de octubre de 1976 donde aparece con un diagnóstico de reacción esquizofrénica tipo paranoide crónico, mentalmente incompetente, firmado por el siquiatra José R. Vigoreaux. El acusado siguió preso pero como no era procesable no se efectúa el juicio en los próximos años.

Mientras el acusado estaba preso sin procesar se releva de la investigación a los oficiales que habían sido los encargados originales del caso. Se releva al fiscal Duprey Tacoronte y se nombra en su lugar al fiscal Salixto Medina. Este último trabajaba coordinando con las autoridades federales el esclarecimiento de casos de corrupción policíaca. Se releva también al oficial de la policía Ismael Rodríguez.

Para efectuar el juicio se hizo una maniobra absolutamente burda y temeraria que esta comisión debiera evaluar para legislar en alguna forma que impida que estas cosas pasen nuevamente. El 29 de enero de 1981, luego de que Romero Barceló tomara posesión por segunda vez en la gobernación de Puerto Rico, se cambia sorpresivamente el panel de siquiatras que evaluaba a Coira y el nuevo panel le hace un nuevo examen psiquiátrico y o declara procesable. Ese nuevo panel estaba compuesto por los siquiatras Frank Benítez, René Alvarez Silva y Abelardo Martínez. Apenas diez días después de declararlo procesable, el 9 de febrero, Coira se declara culpable de asesinato en segundo grado en una vista judicial con el juez Juan Arbona que a todas luces fue apresurada. A esta vista no llamaron a testificar a mi padre que le había pedido al tribunal que le permitiera declarar ya que tenía pruebas de que Coira no actuó solo. Tampoco llamaron a declarar a ninguno de los oficiales originales que estaban a cargo del caso, el fiscal Duprey y el oficial policíaco Ismael Rodríguez. El abogado de defensa de Coira lo fue Rafael Rivera Cruz.

A mi padre se le notificó que la vista de sentencia se celebraría el 18 de marzo. Cuando su representante legal, la Lcda. Ludmilia Rivera Burgos, llegó a la corte ese día le informaron que la vista se había efectuado el día anterior sin que el cambio se le hubiera notificado ni a mi padre ni a su abogada. Obviamente manipularon la fecha de las vistas ya que se anticipaba la oposición de nuestra familia a que se aceptara la rebaja del delito y, además, para impedir que cualquier pequeño incidente o la simple presencia de mi padre pudiera confundir la débil sicología del acusado y se dañara la coartada.

A Coira se le sentencia a cumplir una condena de 10 a 15 años por asesinato y de 1 a 3 años por uso ilegal de armas. Así el caso judicial quedó cerrado.

La reapertura del caso

Años más tarde, cuando se estaba llevando a cabo la investigación que hizo este cuerpo sobre los acontecimientos de Cerro Maravilla, el fiscal Duprey Tacoronte mencionó en su testimonio que otro caso que se debiera investigar por encubrimiento es éste del asesinato de Santiago Mari Pesquera. Cuando Héctor Rivera Cruz fue nombrado Secretario de Justicia dio paso a una nueva investigación que estuvo a cargo de la fiscal Crisanta Rodríguez. A ella se le comunicó los detalles de la investigación que había hecho la familia y el Partido Socialista Puertorriqueño. Esta investigación vincula a dos hermanos cubanos de apellido Verdut cuyo automóvil fue visto, tanto en el lugar donde secuestraron a Chagui, como en el lugar donde dejaron el cadáver. Entre los documentos que obran en poder del Departamento de Justicia figura el traspaso de dueño de ese automóvil el día después del asesinato.

La fiscal Rodríguez, antes de ser relevada de la investigación del asesinato de Chagui hizo un informe donde afirma que Henry Coira no pudo haber actuado solo, según se desprende de las circunstancias del crimen.

La investigación de la fiscal Crisanta Rodríguez también revela datos interesantes. Por ejemplo, el oficial de la policía Ismael Rodríguez (interrogado) afirma que había hecho entrevistas a choferes de carro público de Cupey y otras personas que aseguraron que habían visto el carro en dirección al lago, pero sus informes no aparecen en el expediente del Departamento de Justicia. Alguien removió esos informes del expediente. Y cabe pensar que otros informes y evidencias fueron sustraídas del expediente en los días que precedieron al juicio de Coira cuando estaban cuadrando el caso para cerrarlo.

En un momento en que la investigación había estado detenida y la familia pidió que el Departamento de Justicia fuera más diligente con la investigación, el Jefe de Fiscales en aquel entonces, Pedro Goico Amador, invitó a la familia a examinar el expediente del Departamento de Justicia y a aportar ideas para la investigación. A insistencias nuestras se investigó el expediente de Henry Coira en la cárcel, donde había cumplido ya la sentencia y se descubrieron datos interesantes que vinculan al exilio cubano derechista con la manipulación sicológica de Coira.

Antes del juicio de 1981, la lista de personas que podían visitar a Coira a la cárcel cambió. Antes figuraban en la lista los familiares del acusado. Los familiares fueron eliminados de la lista y en su lugar pusieron a un grupo de cubanos. Entre esos cubanos estaba una muchacha con la cual Coira se casó estando en la cárcel. Esto nos resulta sumamente extraño e increíble que un preso, con la poca movilidad que tiene, después de varios años de
estar preso, consiga novia y se case. Al salir de la cárcel su esposa es quien lo recoge en el Campamento Zarzal y así figura en el expediente carcelario.

Mientras estaba encarcelado ya cumpliendo sentencia, la cubana Gloria Gil publicó una supuesta entrevista a Henry Coira en el periódico La Crónica donde ésta explica, con todos los detalles, la coartada planificada antes del asesinato y la pone en boca de Coira. "Yo maté al hijo de Mari Brás. Él mismo se buscó la muerte" dicen los titulares. (Anejo 3) Esto vincula nuevamente al sector más recalcitrante del exilio cubano con el asesinato de mi hermano y con el encubrimiento.

En días recientes hemos recibido información de que Henry Coira vive en la calle 7 de Miami, en pleno barrio cubano.

Sugerencias a la Comisión de lo Jurídico

para continuar la investigación propuesta por la Resolución del Senado 206 Si esta comisión va a profundizar en la investigación legislativa de este asunto, proponemos que empiece por requerir al FBI la liberación de todos y cada uno de los documentos que obren en su poder, sin tachaduras ni omisiones, sobre el asesinato de Santiago Mari Pesquera.

Proponemos también que citen a Henry Coira, cuya dirección en Miami, Florida, está en el directorio telefónico de esa ciudad. A él se le debe interrogar sobre sus conexiones pasadas y presentes con el FBI, la CIA, las divisiones de inteligencia del Pentágono y cualesquiera otras agencias federales o de Puerto Rico. Se debería solicitar el expediente carcelario de
Coira, donde aparecen las personas que lo visitaban y los que se relacionaban con él durante esos años, los informes de los sociopenales y entrevistar al dentista de la cárcel con el que Coira trabajó durante algunos años de su reclusión, que según algunas informaciones que hemos recibido, conoció y estaba al tanto de las relaciones de Coira.

Pueden citarse, además, para ofrecer sus testimonios sobre aspectos de la investigación, al fiscal Duprey Tacoronte, al oficial Ismael Rodríguez, a la ex-fiscal y ex-juez Crisanta Rodríguez y a los ex-Secretarios de Justicia Carlos Ríos y Héctor Rivera Cruz.

Para investigar el encubrimiento y los detalles de la relación de los federales con este caso se podría entrevistar al ex-coronel Héctor M. Lugo, al ex-agente Alejo Maldonado y al fiscal Salixto Medina, así como al ex-secretario de Justicia Giménez Muñoz y al ex-juez Juez Arbona.

Sugerimos, para darle paso a toda la intención de la resolución 206 por la cual fuimos citados hoy aquí, que se nombre un investigador legislativo con los recursos necesarios para citar, pedir documentos y desarrollar la investigación más abarcadora y profunda que hace falta para que la verdad sea conocida en su totalidad. Que ese investigador tenga la posibilidad de unir sus esfuerzos a los fiscales del Departamento de Justicia, a personas interesadas, como lo somos familiares y amigos de los asesinados y esta organización en donde hemos decidido agruparnos, la Comisión por la Verdad y la Justicia. Que no se quede este esfuerzo en lo mismo que han quedado otras investigaciones sobre estos asesinatos, sobre la participación de las agencias federales en la planeación y encubrimiento de los mismos y que el conjunto de esfuerzos nos lleve a sanear para siempre el ambiente político
de Puerto Rico.

Quisiera terminar con unas palabras que dijera mi padre ante la tumba de mi hermano el día de su entierro:
"No es la venganza lo que puede animar los corazones de seres tan hondamente
heridos, que no podrían satisfacerse con un sentimiento tan banal, pequeño y
mezquino como la venganza. Solo cuando transformemos ese martirio en
heroismo, el pueblo entero, el pueblo por el que cayó Chagui, por el que han
caído todos en esta jornada más que centenaria, levantará a los cielos el
monumento de una patria nueva, de una patria hermosa, de una patria donde no
puedan darse jamás crímenes como este".

PMB 486, Ave. De Diego #89 Suite 105, San Juan, Puerto Rico 00927-6346

[Camano]

23 de enero de 2002
Ponencia sobre el caso del asesinato de Carlos Muñiz Varela
Por Raúl Álzaga



Hon. Eudaldo Báez Galib
Presidente
Comisión de lo Jurídico del
Senado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Honorables Senadores y Senadoras integrantes de esta Comisión:

Antes que nada nuestro agradecimiento personal, así como de los amigos y familiares de Carlos Muñíz Varela por esta iniciativa tomada por la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico al permitirnos testificar ante este Foro.

Es nuestro interés compartir con ustedes la descripción de importantes elementos que rodean el asesinato de nuestro compañero Carlos Muñiz Varela y proveerles datos y documentos que permitan profundizar el trabajo de investigación que se ha propuesto esta Comisión a tenor con lo establecido en la Resolución del Senado 206 del 5 de marzo de 2001.

Para el año 1979 ocurrían en las comunidades cubanas en Puerto Rico y Estados Unidos dramáticos cambios que afectarían y afectan aún hoy día el desarrollo y comportamiento de esas comunidades. Desde los años de 1974-1979, bajo la administración del ex Presidente de Estados Unidos James Carter algunos jóvenes dentro del exilio cubano venían promoviendo, junto al gobierno cubano y el gobierno norteamericano, el acercamiento entre dichos países en general y entre la comunidad cubana en particular. Este proceso llevó inicialmente a la liberación de 3,500 presos en cárceles cubanas y su eventual traslado a Estados Unidos a la par que se operó una mayor apertura en dicho país que trajo como resultado inmediato que decenas de miles de cubanos residentes en el exterior pudieran viajar a su país.


Todo este proceso, fue visto como positivo por muchos sectores del exilio cubano pero tropezó con la oposicion de todas las organizaciones de derecha del exilio cubano que promovían entonces, una politica beligerante y hostil hacia Cuba y su Gobierno. Ellos se adjudicaban la representación legítima del sentir del exilio y las comunidades cubanas.

En solo un año, de un total estimado de 1 millón de cubanos exiliados en Estados Unidos, alrededor de 100,000 personas viajaron a Cuba en busca de un nuevo encuentro con los familares que habían dejado atrás años antes. Los viajes de la comunidad cubana en Estados Unidos hacia Cuba desde Estados Unidos se produjeron aún a pesar de decenas de atentados terroristas y asesinatos a personas e instituciones que apoyaban este proceso, comúnmente conocido como "El Diálogo".

En el caso de Puerto Rico unas 5,000 personas visitaron a sus familiares de una
población estimada para aquella época de unos 22,000 cubanos, lo que representa una proporción aún mayor de visitantes a Cuba que la que viajó desde Estados Unidos.

En Puerto Rico un joven nacido en Cuba, que llogo a Puerto Rico como parte de la operación "Peter Pan" a la edad de 7 años, operación ésta articulada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos con el apoyo de la Iglesia Católica, donde unos catorce mil niños y niñas cubanos fueron separados de sus padres y enviados hacia Estados Unidos, fue precisamente a ese jóven al que le correspondió el trabajo de propiciar los viajes a Cuba.

Graduado de la Escuela Superior Margarita Janer de Guaynabo y con dos años de estudios en la Universidad de Puerto Rico, Carlos se destacó por su participación en las luchas estudiantiles de aquella época. Fue dirigente de la Juventud Independentista Universitaria (JIU) en el Recinto de Río Piedras y del Comité del P.I.P. en el municipio de Guaynabo. En ambas instancias organizativas estuvo vinculado estrechamente a la coordinación del trabajo obrero y sindical de ambas organizaciones. Posteriormente fue fundador del Movimiento Socialista Popular en 1973 y luego pasó a militar en el Partido Socialista Puertorriqueño.

Desde el año 1974 Carlos se había vinculado al movimiento de jóvenes cubanos agrupados alrededor de la Revista Areito y la Brigada Antonio Maceo. Esto le permitió viajar en 3 ocasiones a Cuba facilitándole poder relacionarse con otras personas que tanto en Cuba como en Estados Unidos venían trabajando un proyecto común de acercamiento en- tre las comunidades cubanas en Cuba y en el exterior.


Como era de esperarse las dos principales publicaciones del exilio cubano en Puerto Rico, el semanario " Réplica" y muy en particular el semanario "Crónica", éste último surgido de una división dentro del semanario "Réplica" pero no muy diferente desde el punto de vista de sus enfoques ideológicos, desataron una violenta campaña de amenazas y descrédito contra las gestiones desarrolladas por Carlos. Esta campaña verbal fue acompañada de una serie de atentados con explosivos contra las oficinas desde las cuales se llevaba a cabo el trabajo de promoción de viajes hacia Cuba . Así, en la portada del semanario "Crónica" del 14 noviembre de 1978 un alegado "Comandante Z" expresaba "Dinamita: único idioma con el que vamos a dialogar" (Exhibit 1).

En la madrugada del 4 de enero de 1979 detonó la primera bomba contra Viajes Varadero, nombre que se le había dado a una pequeña oficina en la Avenida Roosevelt que contaba con un escritorio, un archivo y unas 10 sillas y que se utilizaba como local para organizar los viajes a Cuba (Exhibit 2).

El 28 de abril de 1979 fue asesinado Carlos Muñiz Varela mientras se dirigía a visitar a su señora madre (Exhibit 3). El 26 de julio del mismo año, un segundo artefacto explosivo era colocado nuevamente en nuestras facilidades (Exhibit 4). Por último el 19 de enero de 1980 un tercer artefacto detonaba en Viajes Varadero (Exhibit 5).

El 7 de enero de 1980 se colocó un artefacto explosivo en el Colegio de Abogados por el cual fueron acusados el 25 de enero el vocero de la Marina de Guerra de Estados Unidos en la Base Naval de Roosevelt Roads el Teniente Alex La Zerda, el armero viequense Roberto López González y el cubano René Fernández del Valle. Es curioso señalar que luego de esos arrestos los atentados dinamiteros contra Viajes Varadero dejaron de ocurrir (Exhibit 6).

No tenemos duda alguna que el asesinato de Carlos, las bombas contra Viajes Varadero, así como otros asesinatos y decenas de bombas colocadas en Estados Unidos iban dirigidos a sabotear el proceso de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.

Con los elementos que hoy poseemos podemos afirmar que las condiciones prevalecientes entonces dificultaban en aquella época esclarecer el asesinato de Carlos. Hoy existe un nuevo contexto en el país que favorece un curso de acción diferente.

Señor Presidente de esta Honorable Comisión permítame en estos momentos consignar en el récord quiénes intervinieron en la investigación sobre la muerte de Carlos Muñíz Varela para que vea el por qué hacemos nuestra afirmación:

1. Fiscal Pedro Colton Fontán - Jefe División Investigación del Departamento de Justicia. (Exhibit 7)
2. Coronel Miguel Rivera - Director Negociado Investigaciones Criminales. (Exhibit 8)
3. Lic. Ángel Figueroa Vivas - Director Negociado Investigaciones. (Exhibit 9)
4. El Patólogo Forense Doctor Rafael Criado, quien estuvo a cargo de la Autopsia.
5. Los Agentes del entonces Cuerpo de Investigacines Criminales (CIC) de apellidos Ojeda y Vieta.
6. El Agente del C.I.C. Luis Ramos Grateroles, quien fuera responsable de recuperar el carro de Carlos Muñiz Varela, luego que la propia Policía rompiera la escena del crimen.
7. El Agente Emeterio Ortiz , que fue la persona que me entregó personalmente los plomos recogidos en la escena del crimen.
8. El Agente Jorge Muñiz, quien es la persona que le comunicó a la hermana de Carlos que había que esperar a que mataran a otro para ver si se podía esclarecer dicho asesinato.

Durante ese primer año sostuvimos relaciones con los Agentes del F.B.I. Patrick Laflin, Stward Hoytd, Agente Ortiz y Steven Brown. Participamos, además, en una delegación de cubanos residentes en Estados Unidos que ante la ola terrorista en nuestras comunidades, visitamos las oficinas centrales del F..B.I. en Washington D.C. y del Departamento de Justicia, Sección de Derechos Civiles. Incluso organizamos una campaña de tarjetas al entonces Secretario de Justicia Benjamin Civiletti (Exhibit 10).

Recientemente obtuve mi carpeta del F.B.I. que cubre el período del 1973 - 1993.
Para mi asombro descubrí que en vez de estar investigando el asesinato de Carlos Muñiz Varela, lo que hacían era llevando a cabo una invstigación sobre mi persona.

Fue realmente a partir del arresto del ex-coronel de la Policía de Puerto Rico, Alejo Maldonado como resultado del secuestro del hijo del joyero Consuegra en 1982, cuando empezamos a obtener evidencia sobre los posibles participantes en el asesinato de Carlos. La primera sospecha surgió cuando el comerciante cubano y miembro de la directiva del semanario "La Crónica", Julio Labatud, aportó $215,000 de los $250,000 impuestos como fianza al Coronel Alejo Maldonado (Exhibit 11).

En marzo de 1984 los periodistas Tato Ramos del Periódico El Mundo y Tomás Stella del Periódico The San Juan Star entrevistan en un apartamento de Bayamón a los oficiales policiacos Julio César Andrades y Ernesto Gil Arzola. El resultado de dicha entrevistas se recoge en dos artículos publicados en los periódicos "San Juan Star" y "El Mundo" de fechas 1 de abril y 4 de abril respectivamente, de 1984. ( Exhibit 12(a) y 12 (b) ). En ambas entrevistas se habla de la participación de Alejo Maldonado y los llamados "Amigos de la Democracia" en el asesinato de Carlos Muñiz Varela. En esa ocasión mencionan el nombre de Julio Labatud como persona implicada en dichos hechos.

A raíz de dicha información inmediatamente solicitamos entrevista con el F.B.I. Interesábamos hacerles saber que nosotros sabíamos que ya ellos habían recibido información relevante al caso de Carlos por la vía de oficiales corruptos. Ya de antemano sabíamos que agentes de dicho Negociado habían interrogado testigos relacionados con los hechos e incluso levantado evidencia del caso, así como elaborado un boceto hecho a base de información provista por un testigo ocular. En el FBI nos entrevistamos con el Agente Steve Brown. Le hicimos saber que apenas faltaban unas semanas para que su jurisdicción en el caso (violación de derechos civiles) prescribiera; que si ellos no intervenían en ese momento, nada se haría sobre el asunto. Así fue, nada hicieron y hasta hoy nada han hecho. Es importante destacar que en la carpeta que el FBI levantó sobre mi persona y que fuera obtenida al amparo del FOIA, no aparece ningún informe de dicha reunión.

Quisiéramos hacer un paréntesis en la narración, si nos lo permite el tiempo, para volver al 1982. Entonces habían venido ocurriendo eventos paralelos que han tenido una relación posterior con los hechos con el pasar de los años. Es entonces cuando empiezan a surgir las primeras informaciones reales sobre los posibles participantes del asesinato de Carlos. Para ese año llega a Puerto Rico para dirigir, junto a Gloria Gil, el semanario "La Crónica" el Sr. Antonio De La Cova, el cual se encontraba cumpliendo una sentencia de 15 años por actividades terroristas en la ciudad de Miami. Este señor salió en libertad bajo palabra gracias a las gestiones, entre otros, del Ex-Senador Sr. Freddy Valentín y del Ex-Senador Sr. Nicolás Nogueras (Exhibit 13-a y 13-b). Este último señor ha sido señalado públicamente en diferentes ocasiones como el "padrino" de estos grupos y como parte del esquema de encubrimiento del asesinato. (Exhibit 14).

Antonio De La Cova se dedicó desde su llegada hasta 1991 a escribir artículos que tenían el propósito de intimidar, hostigar y tergiversar los hechos relacionados con Carlos. En 1985 obtuvo ilegalmente de manos del Director de Instituto de Ciencias Forenses, entonces adscrito a la Universidad de Puerto Rico, el Dr. Rafael Criado, las fotos tomadas durante la autopsia de Carlos. Las fotos obtenidas por el Sr. De la Cova fueron publicadas varias veces en el semanario "La Crónica".

Como resultado de esto los familiares de Carlos Muñíz Varela, específicamente su viuda e hijos, procedieron a radicar una acción civil donde se solicitaban remedios interdictales y daños y perjuicios ante el entonces Tribunal Superior de San Juan, Sala del Juez Peter Ortiz. Logramos dicho interdicto, el cual estuvo en vigor hasta el año pasado. En dicha ocasión el Tribunal Supremo falló en contra en cuanto al remedio interdictal que prohibía la reproducción de las fotos de la autopsia de Carlos y dejó abierto el camino a la continuación de una acción en daños contra los demandados. Como resultado de ello, eventualmente el caso terminó al ser pagada a la viuda y sus hijos una compensación económica por los daños ocasionados.

En 1987, a raíz de la información relacionada con el "pleito de las carpetas" llevado por el Representante David Noriega, a través del semanario "La Crónica"comienza a circularse unas llamadas "listas" de "cubanos terroristas" y de "independentistas separatistas y subversivos" donde aparece vinculado a dicha información el ex agente de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico William Colón. De acuerdo al juicio evaluativo de algunos, esto formó parte de un operativo "de inteligencia"para desviar la atención del país y evitar el posible desmantelamiento de la División de Inteligencia de la Policía.

En aquel entonces la Comisión de Derechos Civiles que dirigía el Lic. Enrique "El Chino" González, había iniciado un proceso de investigación sobre las razones ideológicas de la persecución del independentismo en Puerto Rico que incluyó las actividades de los sectores de derecha de exilio cubano en Puerto Rico, particularmente las actividades del Sr. De la Cova. Este fue citado a comparecer a las vistas. Unos años después abandonaría la Isla. Se ha indicado que su abogado para esa fecha, el Lic. Guillermo Toledo Niebla, quien ha sido y es todavía al presente un activista anti-castrista en Puerto Rico, se percató que el Sr. De La Cova era un informante del F.B.I.

En agosto de 1985 la entonces Fiscal Crisanta Rodríguez preparó lo que podría ser el primer informe evaluativo sobre el caso. Ya para entonces habían pasado 6 años desde la muerte de Carlos. En dicho informe, que nunca lo hemos visto, pero que por vía de funcionarios del Departamento de Justicia con los cuales hemos dialogado, éstos nos indican que el informe apuntan a una negligencia crasa por parte de la Policía en cuanto a la investigación que fue realizada.


Es para 1986, cuando empiezan los juicios en el Tribunal Federal contra los Policías de la ganga del ex-Coronel Alejo Maldonado, que se logra obtener las primeras formas 302 que utiliza el F.B.I. para recoger las declaraciones de los acusados y/o entrevistados a los cuales se les podría conceder alguna negociación en sus cargos criminales. De estas surge información que vincula al principal sospechoso del asesinato de Carlos Muñíz Varela, Julio Labatud, con actividades delictivas (Exhibit 15). De hecho, en otros documentos a los cuales nos referiremos más adelante, también surge importante información relacionada a ésto. Tampoco en esta ocasión se tomó acción alguna dirigida a completar la investigación sobre la muerte de Carlos.

El 19 de febrero de 1986 el ex- agente de la División de Homicidios del C.I.C. Luis Ramos Grataroles negoció con el Departamento de Justicia de Puerto Rico un acuerdo para esclarecer varios asesinatos donde él ha participado e incluye el caso de Carlos (Exhibit 16). a cambio de un mejor tratamiento en cuanto a los casos pendientes en su contra por actividades delictivas en la jurisdicción de Puerto Rico. Tampoco en esta ocasión se hizo algo afirmativo.

En el año 1987 el Periodista José Estevez y el Analista Político Juan Manuel García Passalacqua entrevistan por separado al ex-Coronel Alejo Maldonado en la Cárcel de Butner, Carolina del Norte. De ambas entrevistas existen videos ya que las mismas fueron transmitidas por televisión. A ambos le confesó haber recibido un ofrecimiento de $25,000 para asesinar a Carlos Muñiz por el comerciante Julio Labatud. Y que éste le comentó posteriormente a los hechos que los asesinos se encontraban a salvo. Esta información venía a corroborar la dada por los periodistas Tomás Stella y Tato Ramos por los policías Ernesto Gil Arzola y Julio César Andrades en 1984. Tampoco nada ocurrió luego de estas declaraciones.

Con posterioridad al desmantelamiento de la División de Inteligencia de la Policía, se inició el proceso de entrega de "Las Carpetas". El Centro para la Disposición de Documentos nos informó para el año 1993 que existe una carpeta de Carlos Muñiz con el #7916 pero que todo parece que fue destruida (Exhibit 17). Buscando documentos de Carlos, por vía de otras carpetas, descubrimos para nuestro asombro que 4 días antes de su asesinato el 24 de abril de 1979 la División de Inteligencia había iniciado una investigación sobre Carlos que concluye el 1 de mayo con su entierro (Exhibit 18).

En los años 1991 y 1992 la Comisión de lo Jurídico del Senado entrevistó a varios oficiales policiacos, como parte de su investigación del encubrimiento de los hechos del Cerro Maravilla. En dichas entrevistas salió de nuevo información sobre el asesinato de Carlos. En esta ocasión con algunos datos más precisos. Los entrevistados fueron el ex-policía Ernesto Gil Arzola (Exhibit 19) y el dueño de Funeraria de Caguas Juan "Payo" Fuentes Santiago (Exhibit 20). Este último aportó nueva evidencia al señalar que él le había dado vigilancia a Carlos y había quemado uno de los vehículos utilizados en el asesinato. Indicó que toda esa se información y evidencia se encontraba en manos del F.B.I.


Estas últimas declaraciones bajo juramento y luego de pasar el polígrafo, permanecieron durante los últimos 10 años en una oficina del Senado. El Departamento de Justicia no poseía copia de dichos documentos hasta que hace unos meses le entregamos dichos documentos.

Recientemente el Lic. Juan Manuel García Passalacqua y el Lic. Edgardo Pérez Viera publicaron un libro titulado " El Juicio de la Historia: Contrainsurgencia y Asesinato Político en Puerto Rico". En su capítulo IV (Exhibit 21), abundan sobre evidencia de que existieron para la década de 70 escuadrones de la muerte en Puerto Rico con el apoyo de sectores policiacos, agencias federales y grupos de exiliados cubanos.

Es nuestra opinión que a lo largo de estos 23 años ha existido un patrón de encubrimiento y de falta de voluntad política para esclarecer el caso de Carlos Muñíz Varela y otros que discutimos en el día de hoy.

La indolencia, tolerancia, complicidad o participación en algún grado de las agencias federales en dicho encubrimiento se hace obvio para nosotros. ¿ Cómo es posible que altos oficiales de la Policía de Puerto Rico hubieran tenido información previa de que se planifica un asesinato y no lo evitaron? ¿ Cómo es posible que tuvieran información posterior a los hechos y no hubieran contribuido a esclarecerlo?

El principal sospechoso de los hechos parece tener completa inmunidad e impunidad de parte de las autoridades federales. Hemos pensado que de la misma forma que en el caso del Sr. Antonio De La Cova se pudo saber que era informante del F.B.I. ¿por qué no pensar lo mismo del señor Labatud? ¡Quién sabe si es un protegido de alguna otra agencia federal! Esto puede explicar la impunidad e inmunidad a la cual nos hemos referido..

Respetables integrantes de esta Honorable Comisión de los Jurídico del Senado, apreciamos enormente es esfuerzo de ustedes en esta investigación. A los fines de que se profundice en los hechos que aquí relatamos solicitamos de ustedes que a partir de los poderes que le confiere la ley y la Resolución 206 del Senado de fecha 5 de marzo de 2001, solicite e investigue los siguientes ángulos:

1. Que se le solicite al F.B.I. bajo el "Freedom of Information Act" las Formas 302 donde se mencione información en torno al asesinato de Carlos Muñiz Varela de las siguientes personas. Para ello sugerimos se investigue los testimonios prestados por las siguentes personas: Alejo Maldonado Medina, Julio César Andrades, Luis Ramos Grateroles, Luis Gómez Ferreiro, "Chichi" Derieux, Carlos Zamalot y Juan "Payo" Fuentes Santiago.
2. Que se le solicite al F.B.I. bajo el F.O.A. las carpetas que tengan del Sr. Lulio Labatud, José "Pepe" Canosa, Waldo Pimentel, José Dionisio Suárez Ezquivel, Pedro Crispín Remón, Gloria Gil, Antonio De La Cova González-Abreu, Reynold Rodríguez, René Fernández Del Valle, Alex De La Zerda, Roberto López González. Que se solicite al Tribunal Federal el expediente del juicioContra estas ultimas tres personas por la bomba colocada al Colegio de Abogado. Que se solicite al F.B.I. la Carpeta que se tenga del Marshall Lopez.
3. Que se cite acomparecer y declarar bajo juramento ante esta Honorable Comisión, ya sea en sesión ejecutiva o pública, a las siguientes personas: Alejo Maldonado, Luis Ramos Grateroles, Julio César Andrades, Ernesto Gil Arzola, Juan "Payo" Fuentes Santiago, los agentes del CIC Ojeda y Vieta, el ex-agente Jorge Muñiz, el ex-agente Emeterio Ortiz, a los ex-Agentes de la División de Inteligencia Aníbal Maldonado (27790), Víctor Monzón (9-5110) y Jorge Soto (7202), al ex-coronel Miguel Rivera, al ex-Director de Seguridad General José A.M. Nolla, al ex-Director de la División de Explosivo Coronel Jesús M. García, al ex-Agente de la C.I.A. Lic. Ignacio Rivera, a la Lic. Crisanta Rodríguez, al ex-Fiscal Federico Quiñones Artau y al Lic. Edgardo Pérez Viera.

Por último y a nombre de los familiares y amigos de Carlos Muñiz Varela desaeamos agradecerles de antemano cualquier gestión que nos ayude a lograr la verdad y la justicia de éste y otros casos.


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