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A Justicia 12 legisladores

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  • A Justicia 12 legisladores

    Referidos a Justicia doce legisladores

    miércoles, 31 de julio de 2002

    Por Magdalys Rodríguez


    LA COMISION Estatal de Elecciones
    (CEE) refirió ayer al Departamento de Justicia a doce legisladores, dos ex legisladores y varios donantes por posibles violaciones a la Ley Electoral en la pasada campaña política.

    El presidente de la CEE, Aurelio Gracia Morales, también recomendó a Justicia que investigue al Partido Popular Democrático (PPD) porque en la auditoría se revelaron unas contradicciones en la prueba sobre las recaudaciones de los legisladores. Estas contradicciones implican que ese partido transfirió fondos para las campañas de los entonces candidatos.

    Esto sería una de muchas violaciones a la Ley Electoral, según dijo Gracia Morales.

    DE HECHO, Gracia Morales recomendó, en la resolución del caso de la ex senadora Maribel Rodríguez, que Justicia investigue posibles violaciones a la Ley Electoral de parte del hoy administrador de La Fortaleza, Fulgencio Correa, y del hijo de Rodríguez, Manuel Cruzado Rodríguez.

    Este alegó en una vista de la Comisión de Etica del Senado que Correa le dio $10,000 para pagar anuncios de su madre hechos para la gobernadora Sila Calderón. A preguntas de si pudo probar el esquema de transferencias de donativos del PPD hacia sus candidatos, Gracia dijo que esto no estuvo bajo su análisis.

    PERO DIJO que por la totalidad de la prueba hay un conflicto de prueba que debe ser examinado por Justicia más a fondo. Señaló que hay candidatos que alegan que hicieron el anuncio que favorecía institucionalmente al PPD y otros que, aunque aparecen como los auspiciadores, niegan total responsabilidad, como la representante popular Alida Arizmendi.

    Gracia Morales mencionó como ejemplo también al senador Roberto Vigoreaux porque dijo en una entrevista con la CEE que él nunca pagó por la producción de anuncios que le hizo el PPD. A la representante novoprogresista Melinda Romero Donnelly y al senador popular Juan Cancel Alegría, la presidencia de la CEE los amonestó por entregar tarde varios documentos solicitados para la auditoría.

    Gracia Morales indicó que tuvo que evaluar esos casos a base de la evidencia presentada, pero aseguró que la auditoría a esos legisladores será completada. El donante de la representante Romero Donnelly, Andrés Jr. Guillemard, y diez empresas donantes del representante Aníbal Vega Borges fueron referidos a Justicia por posibles violaciones a la ley. El primero donó $250 más de lo permitido y a las empresas se les prohíbe hacer donativos a políticos.

    Aunque los legisladores devolvieron los donativos, el Presidente determinó que ello no corrigió la posible violación de ley.

    LOS DOCE legisladores referidos a Justicia por posibles violaciones a la Ley Electoral son los populares Ferdinand Pérez, Roberto Prats, Alida Arizmendi, Juan Cancel, José Dalmau, Cirilo Tirado y Roberto Vigoreaux; los novoprogresistas Kenneth McClintock, Orlando Parga, Lucy Arce e Iris Miriam Ruiz, y el independiente Jorge de Castro Font.

    Los ex legisladores referidos fueron la popular Maribel Rodríguez y el novoprogresista Angel Cintrón. De los catorce referidos, sólo dos lo fueron por posibles violaciones al reglamento de la ley: Lucy Arce y Cirilo Tirado. A estos se les imputó no haber depositado todo el dinero donado.

    A Tirado también se le señaló pagar en efectivo en exceso a lo permitido a suplidores. Los legisladores Miriam Ramírez de Ferrer, Fernando Martín y Víctor García San Inocencio tuvieron deficiencias de contabilidad o de cumplimiento, pero ninguna grave o que implicara una violación a la Ley Electoral, por lo cual no fueron referidos a Justicia, según Gracia Morales.

    El Presidente indicó que la ex senadora popular Maribel Rodríguez se amparó en la Quinta Enmienda, pero dijo que la CEE pidió los documentos de las vistas ejecutivas de la Comisión de Etica del Senado durante la investigación que se llevó a cabo sobre su conducta.

    DE ALLI tomó el testimonio del hijo de la ex senadora popular. Gracia admitió que algunos de los delitos pueden haber prescrito; pero hay otros, como violar el artículo que prohibe la petición o recibo ilegal de contribuciones para fines políticos, que nunca prescriben. El Presidente inició su conferencia aceptando que este tipo de auditoría de la CEE es nueva.

    Sobre su expectativa de que Justicia realmente tome acción sobre las posibles violaciones, Gracia dijo que, definitivamente, se necesita voluntad para ello.

  • #2
    Casi todos POPULARES.

    [b][i]Eso se llama JUSTICIA.

    Vamos a ver si delatan a su JEFA, igual que los Macheteros hicieron...

    Comment


    • #3
      Post Scriptum, era 16, no 12, 9 de ellos PPD...

      [i]A JUSTICIA LAS CAMPAÑAS

      Por: Dennise Y. Pérez
      Redactora – EL VOCERO
      EL VOCERO de Puerto Rico
      Edición de: 31 de julio de 2002[b]

      El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Aurelio Gracia, refirió ayer al Departamento de Justicia 16 de 19 auditorías realizadas a las campañas de candidatos a la Legislatura de los tres partidos políticos.

      Ninguno de los 9 candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) se salvó de los referidos a Justicia, mientras que 5 de 8 candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) también fueron referidos. No hubo un solo señalamiento de irregularidad para los candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), excepto por recomendaciones de modificar sus métodos de contabilidad.

      Gracia dividió los señalamientos entre “deficiencia de contabilidad o cumplimiento” y “deficiencia grave”. Las deficiencias de contabilidad o cumplimiento se refieren a los hallazgos que reflejan una falla al sistema de contabilidad del candidato o aquella falla de parte del candidato, que no alcanza el grado de delito.

      Las deficiencias graves se refieren a aquellos hallazgos que reflejan la posibilidad de que se haya infringido o violado la Ley Electoral y que tal violación podría constituir delito público.

      Los nueve referidos del PPD son: Alida Arizmendi, Juan Cancel Alegría, Jorge De Castro Font, José Dalmau, Ferdinand Pérez, Roberto Prats, Maribel Rodríguez, Cirilo Tirado y Roberto Vigoreaux.

      Por el PNP, los referidos a Justicia fueron Lucy Arce, Angel Cintrón, Kenneth McClintock, Orlando Parga, Iris Miriam Ruiz. Los representantes Melinda Romero Donnelly y Aníbal Vega Borges no fueron referidos al Departamento de Justicia, pero sí personas que contribuyeron en exceso a sus campañas.

      De ese partido, la única que se salvó totalmente fue la senadora Miriam Ramírez de Ferrer, que sólo tuvo hallazgos de cumplimiento, que se unió a los independentistas Víctor García San Inocencio y Fernando Martín.

      La mayoría de los referidos a Justicia fueron por la radicación de informes falsos, por no informar gastos o ingresos de actos políticos colectivos y por transferencias de fondos de candidatos a la Legislatura a la candidata a la Gobernación.

      El anuncio de Gracia confirmó los meses de investigación de EL VOCERO, así como casi la totalidad de los hallazgos de informes preliminares que fueron filtrados a la prensa a principios de mes.

      Uno de los casos más críticos fue el de la ex senadora del PPD, Maribel Rodríguez, que intentó ampararse en la Quinta Enmienda para no autoincriminarse. Aun así, la CEE solicitó la transcripción del testimonio del hijo de la senadora, Manuel Cruzado Rodríguez, ante la comisión senatorial de Etica, de donde sacó múltiples violaciones de ley. Las declaraciones de Cruzado Rodríguez, publicadas en exclusiva por EL VOCERO, destaparon la “caja de Pandora” y el esquema ilegal de transferencias de fondos. Eso, unido a varias otras irregularidades, provocó la renuncia de la senadora y una crisis en el PPD.

      Le sigue en grado de complejidad la representante Arizmendi, que con las múltiples versiones que ofreció sobre la “campaña integrada”, no se salvó de tener 5 señalamientos graves. Otro en problemas, con 8 señalamientos, 5 de ellos graves, fue Ferdinand Pérez.

      En el caso del PNP, como se anticipó, fue Angel Cintrón, con 9 hallazgos, 4 graves, el más serio.





      Melinda Romero, Juan Cancel



      Gracia llamó la atención de los casos de Romero y Cancel Alegría, a quienes tuvo que amonestar porque no entregaron la documentación dentro del tiempo requerido, por lo que tendrán que someterse, aún, a una amplia auditoría. Para ellos, el proceso no ha terminado. Agregó que pudo haber enviado sus casos a Justicia, pero no lo hizo, entendiendo que es preferible someterlos al mismo proceso riguroso de auditoría que a todos los demás.

      “De esta manera nos aseguramos que el candidato está cumpliendo con la ley, si no, podríamos estar premiando en verdad al que no se someta al escrutinio; alguien podría salir de gratis”, dijo.



      Satisfecho del trabajo realizado

      “Esto es un proceso nuevo para la CEE. Esta es la primera vez que se hace un proceso como el que estamos anunciando en el día de hoy. Ha sido un proceso de crecimiento de esta institución y aspiramos a seguir mejorando el mismo para mantener la confianza del pueblo”, dijo Gracia.

      Esta es la primera vez, desde las enmiendas a la Ley Electoral del 2000, que se hace este tipo de trabajo y se ofrece al país el resultado. Ahora viene otra ronda de investigaciones.

      “Esperamos que este proceso sea el inicio de una nueva era en la política puertorriqueña, donde todos los que participen tengan conciencia de su deber con el pueblo en general y tengan conciencia del cumplimiento que deben tener con la Ley Electoral.

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